GURELUR - Fondo Navarro para la Protección del Medio Natural
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Organización sin ánimo de lucro
Año de fundación: 1991
Ámbito de actuación: Navarra
Ahora amenazan de nuevo a la acosada naturaleza de la Ribera con una impactante autovía. Antes ya lo han hecho con centrales eólicas, con centrales solares, con empresas contaminantes, con vertidos de aguas fecales, con la destrucción de la biodiversidad del Barranco de Barcelosa, con la tala indiscriminada de miles de pinos, con la destrucción del Soto de la Mejana, con la instalación de tendidos eléctricos, y con todo tipo de actividades agresivas con la naturaleza. Esta vez también se han vuelto a pasar nuestras alegaciones por el forro de los cataplines.
El Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), anterior Ministerio de Medio Ambiente, ha aprobado, mediante declaración de impacto ambiental favorable, el anticuado proyecto de tramo de autovía A-15 entre Ágreda y Tudela. Tal y como se indica en la propia declaración, su ejecución tendrá “un fuerte impacto sobre el paisaje”, dado que su trazado discurre por áreas extensas libres de infraestructuras, generando grandes afecciones en los hábitats agroesteparios, así como a las especies que viven en ellos.
Tanto para el MITECO como para el Gobierno de Navarra la normativa que regula el procedimiento para la obtención de la autorización ambiental que permite la construcción del tramo de autovía ha resultado papel mojado. De inicio, con la caducidad de la anterior declaración de impacto ambiental, se ha procedido a lo que han denominado una “Actualización del procedimiento de Evaluación Ambiental”, cuando no lo permite la ley de evaluación de impacto ambiental, puesto que su artículo 43 expresa la obligación de iniciar de nuevo el procedimiento. Se ha aprobado, por tanto, un proyecto iniciado en el año 1999 con una normativa y unas necesidades diferentes a las actuales. Así por ejemplo, el desdoblamiento de la N-113, trazado natural entre Pamplona y Madrid, no ha sido contemplado por haberse rechazado en el año 2007. El proyecto aprobado acerca el trazado a la localidad de Tarazona con el fin de facilitar su conexión, a costa de generar impactos irreversibles en el patrimonio natural navarro.
El estudio de impacto ambiental redactado por la consultora Ineco, es totalmente deficiente debido a las sumas carencias del documento, de tal forma que el Ministerio tuvo que solicitar la ampliación de su contenido y la modificación de más de 6 kilómetros de trazado. Se inició otro período para presentar alegaciones en el que manifestamos las deficiencias contenidas en la nueva documentación, puesto que no abordaba ni subsanaba los requisitos exigidos por la normativa que regula este procedimiento y subestimaba el impacto de esta infraestructura.
El trazado de la autovía aprobada discurre por hábitats de gran interés para las aves esteparias, como así lo recoge la declaración de impacto ambiental publicada en el BOE. En la misma se citan aves como el aguilucho cenizo, la ganga ibérica o el sisón común, especies declaradas en peligro de extinción en nuestra Comunidad mediante un decreto foral aprobado el año pasado para, supuestamente, dotarles de una mayor protección, pero que ha resultado ser también papel mojado puesto que no evita que estos espacios fundamentales para la protección de estas especies tan amenazadas, sean destruidos y degradados por la construcción de esta impactante autovía.
Los redactores del estudio justificaron esta obra pronosticando o esperando, hace cuatro años, una “salida de la crisis y una etapa de crecimiento económico” ante la existencia de un descenso del tráfico achacable a la crisis de entonces. La realidad es completamente diferente y la aprobación de esta infraestructura llega en un momento de gran incertidumbre por la existencia de una pandemia con impredecibles consecuencias socioeconómicas. GURELUR considera que la ejecución de esta infraestructura, calificada por los redactores del estudio de impacto ambiental como “una alternativa” al trazado utilizado en la actualidad, conllevará un coste que superará con creces los 130 millones de euros que bien podían dedicarse a sanidad o asuntos sociales.
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