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(0) 07/08/2012 18:14h
Enrique Castién funcionario implicado
Enrique Castién funcionario implicado

El Defensor del Pueblo reconoce la ilegalidad de las batidas de caza en el Señorío de Bertiz

Los funcionarios Enrique Castién y Enrique Eraso implicados en este peculiar caso

Gurelur presentó una queja en el mes de abril ante el Defensor del Pueblo de Navarra por los conculcamientos legales en los que había incurrido el Departamento de Medio Ambiente en la concesión de autorizaciones para eliminar fauna silvestre en el Parque Natural del Señorío de Bertiz. Ahora, tras estudiar y aceptar los razonamientos expresados por Gurelur en la queja presentada ante este organismo, el Defensor del Pueblo ha llamado la atención al Departamento de Medio Ambiente sobre la obligatoriedad de cumplir con la normativa legal vigente.

Las autorizaciones concedidas no recogen los motivos científicos o de gestión de porqué se concedieron las autorizaciones para matar especies silvestres en un espacio en el que está prohibida la caza; tampoco trasladaron las mismas a las distintas autoridades ambientales y al guarderío de la zona; ni realizaron el obligatorio control alguno de las batidas, a pesar de las especiales características de las mismas y de las especiales características del espacio afectado.

En los hechos denunciados hay que tener en cuenta que el Plan Rector del Señorío de Bertiz establece que la fauna existente en el Parque no debe ser molestada con acciones que supongan maltrato, persecución, captura de ejemplares ni destrucción o deterioro de las áreas de reproducción, alimentación o refugio. Este mismo documento obliga a poner en conocimiento de los miembros del Patronato, del que forma parte Gurelur, autorizaciones como las denunciadas, cosa que no realizaron.

A las conculcaciones legales anteriores hay que unir el grave incumplimiento de la Directiva de Aves, de la Ley Estatal 4/89 y de la Ley Foral 2/93, ya que las batidas se permitieron durante los meses de reproducción, hecho calificado como muy grave por las citadas normativas.

Todas estas ilegalidades se llevaron a cabo para beneficiar al Jefe del Negociado de Gestión Cinegética, Enrique Castién, participante en las cacerías, con la complicidad del Director del Servicio de Conservación de la Biodiversidad, Enrique Eraso Centelles, incurriendo en un posible acto de prevaricación al dictar una resolución contraria a la Ley.

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