Gurelur está observando con perplejidad y gran preocupación cómo el Departamento de Medio Ambiente, con su Consejero a la cabeza, está apoyando la instalación de un centro de almacenamiento y tratamiento de todo tipo de residuos, entre ellos muchos peligrosos, pasando por encima de la legalidad y del sentido común, sin que al parecer les importe la salud de las personas que se verían afectadas por este contaminante proyecto.

La primera actuación realizada por el Consejero, José Andrés Burguete, en este tema es la firma de una resolución foral, en la que de forma totalmente sorprendente e ilegal, acuerda no someter a Evaluación de Impacto Ambiental este proyecto, promovido por Indugarbi. Esta resolución contraviene la Ley Foral 4/2005 de Intervención para la Protección Ambiental y el Real Decreto Legislativo 1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental.

Este proyecto ocuparía 16 hectáreas de suelos dedicados en la actualidad a la agricultura y a la ganadería, y estarían situadas a sólo 800 metros del casco urbano de Murillo el Fruto y a 2.000 metros de Carcastillo. Esta escasa distancia de los núcleos urbanos supone una temeridad y un grave riesgo para sus vecinos en el caso de ocurrir una contingencia en el tratamiento de los residuos peligrosos. Sólo con la ubicación elegida el proyecto es ilegal por contravenir el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP Decreto 2414/1961), vigente en toda España. En Navarra existe jurisprudencia sobre este tema, a través de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en referencia a la ilegalidad de la planta de Arazuri, en la que la declaran ilegal por estar situada a menos de los 2.000 metros exigidos por el RAMINP.

Este centro pretende tratar 217.960 toneladas de residuos al año. Entre los residuos a tratar estarían: neumáticos y juntas de goma; fangos de depuradoras; plásticos agrícolas que se pretenden transformar en biodiesel mediante un tratamiento no especificado en el proyecto; y sobre todo diferentes tipos de residuos catalogados LER, no especificados en el proyecto, estando por tanto abierto a todo tipo de residuos peligrosos recogidos bajo está denominación. Obviamente no los han especificado para no originar el rechazo de las poblaciones afectadas. Este tipo de instalaciones ya han rechazadas por poblaciones como Los Arcos y Fustiñana.

Los promotores de este proyecto, con la obscena colaboración del Gobierno de Navarra, han presentado un proyecto en el que a pesar de los riesgos que entraña para el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos de las localidades afectadas, a pesar de los múltiples residuos que quieren almacenar y tratar, no desarrollan ninguno de los procesos de tratamiento y no especifican los residuos que van a tratar, ni los residuos, ni los gases, ni los líquidos que van a generar en los tratamientos.

Gurelur ha presentado un recurso de alzada a la resolución de no someter el proyecto a EIA y alegaciones al proyecto que salió a exposición pública. Además, va a presentar sendas denuncias ante la Defensora del Pueblo, ante el Fiscal de Medio Ambiente de Navarra y ante el Fiscal de Medio Ambiente del Estado. Por otro lado, va a informar a los alcaldes y organismos de las localidades afectadas de los peligros del proyecto y de las ilegalidades en las que está incurriendo el Gobierno de Navarra a través de su Consejero de Medio Ambiente.

Pamplona, 7 de septiembre de 2006